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LA IGLESIA NOS APOYA EN NUESTRA PROTESTA,TEME POR LA DEMOCRACIA
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Petry
2013-04-18 01:37:01 UTC
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Avance sobre la Justicia
Miércoles 17 de abril de 2013
El avance sobre la Justicia
Reacciones frente a la iniciativa oficial
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La Iglesia advierte que la reforma puede "debilitar la democracia"
Por Mariano De Vedia  
LA NACION
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Los obispos, en la apertura de la asamblea plenaria. Foto: LA
NACION / Rodrigo Néspolo

En forma sintética, pero contundente, la Iglesia pidió ayer
una amplia ronda de "consultas, debates y consensos previos" ante la
reforma judicial que quiere poner en marcha el Gobierno.
En una declaración difundida en medio de la 105a asamblea plenaria
que reúne en Pilar a unos 80 obispos, el Episcopado fundamentó
la necesidad del llamado a una amplia consulta ante "la magnitud de los
cambios propuestos", que han suscitado una fuerte tensión en
sectores políticos y sociales.
"Entendemos que un tratamiento apresurado de reformas tan significativas
corre el riesgo de debilitar la democracia republicana consagrada en
nuestra Constitución, precisamente en una de sus dimensiones
esenciales como es la autonomía de sus tres poderes", señala
el texto aprobado por la Conferencia Episcopal, encabezada por su
presidente y arzobispo de Santa Fe, monseñor José María
Arancedo.
Según pudo saber la nacion, los obispos analizaron detenidamente la
oportunidad para pronunciarse sobre el proyecto de reforma judicial,
teniendo en cuenta la protesta del 18-A, que sectores políticos y
sociales realizarán mañana en distintos puntos del país.
La Iglesia optó por un breve y enérgico llamado al
diálogo y al consenso, sin entrar en el análisis detallado de
los proyectos del Gobierno, para evitar que la declaración fuera
interpretada en ámbitos políticos como un rosario de
críticas, ante el inminente cacerolazo.
"Los obispos consideramos que los proyectos de ley que se encuentran en
el Poder Legislativo en orden a regular el ejercicio de la Justicia
presentan aspectos que merecen un profundo discernimiento por la
importancia de la materia que tratan. Por ello se requieren amplias
consultas, debates y consensos previos, en consonancia con la magnitud
de los cambios propuestos", señaló el Episcopado.
El título de la declaración resume la preocupación de la
Iglesia por los valores y las instituciones que se ponen en juego con la
iniciativa que hoy tiene en sus manos el Congreso: "Justicia, democracia
y Constitución nacional".
La reforma que impulsa el Gobierno incluye sustanciales modificaciones
en el Consejo de la Magistratura, el órgano encargado de
seleccionar y remover a los jueces, y promueve crear nuevos tribunales
de casación y limitar el dictado de medidas cautelares. El llamado
de la Iglesia a un consenso previo se conoció luego del reclamo
suscitado, incluso, en el seno del kirchnerismo, por la intención
original de aprobar las reformas sin debate.
Observadores eclesiásticos apuntaban ayer que no resultaba casual
que los obispos hubieran dedicado su primer pronunciamiento en la era
del papa Francisco a la necesidad de revalorizar la Justicia. Marcaron,
así, una luz de distancia con el Gobierno, especialmente con
quienes promueven el tratamiento exprés de la reforma judicial,
pocos días después de que la Presidenta recibió en su
despacho a Arancedo.
La asamblea del Episcopado aprobó el pronunciamiento una semana
después de que se conoció la carta del papa Francisco al
presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, en la que le
recuerda que "administrar justicia es una de las más insignes
tareas que el hombre puede ejercer", tarea que "ciertamente no es
fácil y, a menudo, no faltan dificultades, riesgos o tentaciones".
El alcance de los cambios
Si bien no se lo plasmó en el texto, en la Iglesia prevalece el
criterio de que la reforma que ambiciona el Gobierno no favorece el
acceso a la justicia de los que menos tienen. También entienden que
la propuesta oficial no produce mejoras en favor de la calidad
institucional, otra de las preocupaciones que en los últimos
años viene planteando la Conferencia Episcopal, especialmente a
partir de la prédica del arzobispo Arancedo.
Para el análisis de los proyectos, los obispos tuvieron en cuenta
el último pronunciamiento de la Comisión Nacional de Justicia
y Paz, un organismo integrado por laicos y dependiente del Episcopado,
que en la primera semana de marzo analizó el proyecto de
"democratización de la Justicia" y formuló algunas
críticas. Allí se pedía "una seria y serena
reflexión acerca de los cambios que ciertamente necesita la
administración de justicia en la Argentina", al proponer
también un debate profundo sobre las reformas propuestas. Y
consideraba esencial el "equilibrio de los poderes".
"Después de treinta años de democracia carece de sentido
vincular al actual Poder Judicial con la dictadura militar. Todos los
jueces actuales, incluyendo los muy pocos que lo fueron en épocas
de dictadura y hoy siguen ejerciendo la magistratura en la Corte Suprema
o en otros tribunales, han recibido el acuerdo del Senado y la
designación del Poder Ejecutivo según mecanismos
constitucionales", señalaba el texto de Justicia y Paz que tuvieron
en sus manos los obispos.
El organismo, que analizó más en detalle la propuesta que en
su momento anunció la presidenta Cristina Kirchner, consideró
que "las presiones sobre los jueces son inadmisibles" y estimó que
"la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura
es un mecanismo que parece reñido con la norma constitucional".
También se pedía evaluar "muy cuidadosamente, para ampliar
derechos y no restringirlos, la eventual limitación de las medidas
cautelares".
Muchas de las observaciones están en sintonía con las
críticas expresadas por las asociaciones de magistrados y otras
entidades judiciales y, curiosamente, con las que formuló el Centro
de Estudios Legales y Sociales (CELS), que preside el periodista Horacio
Verbitsky, enfrentado históricamente con la Iglesia.
Hace cinco años, cuando el entonces cardenal Jorge Bergoglio
presidía el Episcopado, los obispos suscribieron el documento
"Hacia un Bicentenario en justicia y solidaridad", en el que
consideraban imprescindible "asegurar la independencia del Poder
Judicial respecto del poder político y la plena vigencia de la
división de los poderes republicanos en el seno de la democracia".
Precocupación en ACDE
La Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE)
transmitió ayer su preocupación por el proyecto de reforma
judicial. Lo vinculó con "iniciativas que parecen responder a las
?necesidades de la coyuntura política actual , vulneran derechos
?constitucionales y ponen en riesgo valores ?esenciales de los
ciudadanos".
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